El próximo 25 de septiembre finalizará la audiencia pública del Real Decreto que regula el proyecto de la ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privados en materia de formación que, a inicio del verano, publicó el Ministerio de Economía y Empresa.
Destaca el Ministerio que el objetivo principal de la norma es "promover la igualdad en las condiciones de competenciade los distribuidores de seguros" y también "establecer los diferentes niveles de conocimiento en base a las funciones a desempeñar".
Como ya adelantó Mercado Previsor en un reportaje en su revista de julio y agosto bajo el título 'La lucha que viene en formación: distribuidor frente a asesor' el Real Decreto en materia de formación cambiará la nomenclatura hasta ahora utilizada pasando de Grupo A, B y C a Nivel 1,2 y 3.
Este cambio afecta también a las horas y materias que se tratan. El Nivel 1 tendrá 300 horas de formaciónfrente a las 500 actuales; el Nivel 2 obligará a 200 horas igual que en la actualidad, mientras que el Nivel 3 pasará de las 50 horas actuales a 150.
El Real Decreto también contempla variaciones en las materias formativas apostando más por asignaturas relacionadas con la empresa y los contenidos financieros, que con la formación aseguradora en línea con las propuestas de la IDD y de la normativa Mifid. Parece como si el "profesional del Grupo A estuviera sobreformado para la distribución y que el regulador quiere pasar de especialistas en seguros a especialistas en ventas", aseguraban a Mercado Previsor expertos en formación de seguros para el reportaje.
Formación continua
Economía destaca en su nota de prensa que el proyecto establece los conocimientos y aptitudes que deben tener los distribuidores y su personal relevante, "así como el modo en que estos conocimientos y aptitudes deben ser evaluados". La futura norma establece un sistema de formación continua que por primera vez afectará también a los profesionales del Nivel 1.
Con este paso se avanza en la trasposición de la Directiva sobre Distribución (IDD), que se encuentra en fase parlamentaria y que será de obligado cumplimiento a partir del 1 de octubre.