El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete económico de 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). Su fin es acelerar la percepción de ayudas por parte de los afectados, "adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes al seguro de Responsabilidad Civil y evitar así las esperas propias de los procedimientos ordinarios de los seguros". Esas ayudas, aprobadas vía real decreto ley, se sumarán "a los mecanismos ya existentes en el actual ordenamiento jurídico y serán complementarias a los planes, seguros y coberturas previstas en la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y, por tanto, compatibles con las indemnizaciones obligatorias por responsabilidad civil. Además, se recibirán íntegramente ya que estarán exentas de tributación", explica.
En concreto, la ayuda directa será de 72.000 euros por cada persona fallecida, y la misma cifra en concepto de anticipo del seguro. En los supuestos de lesiones corporales, "las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad", y las cifras son las mismas para el anticipo del seguro.
Junto a lo anterior, el Consejo de Ministros avanzó que se iniciarán las modificaciones normativas para implementar en el futuro de este tipo de medidas en el ordenamiento jurídico español, "con el fin de articular un mecanismo estructural de intervención pública para que el Estado asuma con carácter anticipado el abono de un porcentaje de las indemnizaciones correspondientes a los daños personales derivados de los accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la posterior determinación de la responsabilidad civil de las personas físicas o jurídicas responsables de dicho accidente".
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que los planes de atención, seguros obligatorios, coberturas y garantías establecidas tanto en la normativa nacional como en la europea se seguirán aplicando, aunque reconoció que "los procedimientos ordinarios y los tiempos judicial no siempre responden a la urgencia vital de quienes han sufrido una tragedia como esta".
Para acelerar la percepción de las ayudas, Puente sostuvo que la norma aprobada "nace de una convicción muy clara: ante una tragedia de esta magnitud, el Estado no puede limitarse a los tiempos ordinarios, debe estar presente, debe anticiparse y debe actuar con humanidad", y añadió que "las víctimas no pueden esperar, como ha sucedido en accidentes pasados, años para recibir apoyo económico que les permita afrontar gastos médicos, tratamientos psicológicos, desplazamientos, cuidados continuados o la reorganización completa de su propia vida cotidiana".
También expresó que "no se trata de poner precio al dolor, eso es imposible. Se trata de garantizar que ninguna víctima ni ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa económica o de desamparo institucional".
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