"Llevamos mucho tiempo denunciando que determinadas entidades bancarias han utilizado su posición de dominio en la concesión de créditos para imponer o condicionar la contratación de seguros. No hablamos de una discrepancia comercial ni de una cuestión de competencia entre canales de distribución. Hablamos de prácticas que vulneran la normativa y perjudican directamente a los usuarios", afirma Javier Barberá, presidente del Consejo General, tras conocerse la multa impuesta por el Banco de España al Banco Sabadell. El Consejo General "valora positivamente la sanción" de 16,5 millones de euros impuesta al Sabadell por la realización de prácticas de venta vinculada de hipotecas y seguros prohibidas por la legislación.
Para la corporación de derecho público, la decisión del Banco de España "supone un paso importante en el reconocimiento de una situación que los colegios de mediadores llevan años denunciando: la utilización de la posición de las entidades financieras en la concesión de créditos para condicionar la contratación de seguros y orientar las decisiones de los consumidores hacia productos que no siempre responden a sus necesidades o intereses".
Recuerda que en la actualidad cerca de un centenar de demandas por malas prácticas bancarias en la comercialización de seguros se encuentran en los tribunales, con el respaldo y la colaboración de los colegios de mediadores, junto a un amplio número de resoluciones judiciales condenatorias a entidades financieras por actuaciones contrarias a los derechos de los consumidores.
Para Barberá, la resolución "es una buena noticia", aunque sostiene que "es importante que los organismos supervisores actúen y que sus decisiones tengan consecuencias. Pero también es necesario que exista una vigilancia continuada, especialmente de la inspección de la Dirección General de Seguros. No podemos normalizar que los usuarios tengan que acudir una y otra vez a los tribunales para defender unos derechos que deberían estar garantizados por el cumplimiento de la ley".
Por último, el presidente del Consejo General pide mismas reglas y niveles de exigencia para todos los operadores: "No puede haber una doble vara de medir. La normativa debe cumplirse por todos, independientemente del tamaño o del poder comercial de cada operador. Y cuando se incumple, la respuesta de las instituciones debe ser clara y efectiva".
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