El Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Lo hizo con el único voto en contra de Vox y la abstención de PP y UPN. Ahora la norma se envía al Congreso para proseguir con su tramitación parlamentaria.
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, desde la Tribuna del Congreso ha manifestado que la intención es fijar unos niveles básicos de calidad y garantizar que no se produzcan abusos a los consumidores. La norma superó la tramitación parlamentaria en la pasada legislatura, pero quedó aparcada por el adelanto electoral. Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2022 el Proyecto de Ley.
Repercusión en seguros
En Grupo Aseguranza analizamos si las compañías de seguros estaban preparadas para esta nueva normativa que, en principio, afectará a empresas -públicas y privadas- que lleven a cabo la ejecución efectiva de los siguientes servicios: suministro y distribución de agua y energía (gas y electricidad), transporte de pasajeros, servicios postales, servicios de comunicación audiovisual de acceso condicional mediante pago, comunicaciones electrónicas y telefónicas, así como servicios financieros, donde queda incluido el seguro.
El seguro se mostraba expectante, más que preocupado y destacaba sobre las nuevas obligaciones la reducción de los plazos de resolución de reclamaciones y quejas (no podrá exceder de 15 días hábiles), limitar a 3 minutos el tiempo de espera telefónica o la obligación de dar atención 24 horas y todos los días del año, entre otras cuestiones.
Adecose reclamó que se excluyera a los corredores en la aplicación de esta ley y reclamaba que quedara más claro qué se entiende por "servicios que exijan una prestación continuada". Con esta intención presentó una propuesta que "excluya expresamente a los corredores de seguros de esta obligación". Consideraba la asociación que la ley debe de contener la regulación imprescindible para atender la "necesidad de cubrir guiada por los principios de proporcionalidad y eficiencia y recuerda el bajísimo número de reclamaciones recibidas por el colectivo", y que según los datos de la DGSFP se elevaron a 81 reclamaciones.
La norma recibió un gran número de enmiendas y contó con gran interés por parte de la mediación aseguradora en la presentación de estas mejoras.
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